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En el mes previo a las elecciones primarias, el Gobierno Nacional debió pagar costos políticos por el empecinamiento en sostener el ascenso de Milani, a la vez que sufrió algunos reveses en el ámbito judicial. Con una economía que dejó en el pasado la bonanza y con la escisión que sufrió en el territorio bonaerense, las expectativas se concentran en lo que suceda en el principal distrito del país. En todo caso, es evidente que el resultado electoral del oficialismo se ubicará mucho más cerca del 2009 que del contundente triunfo de 2011. Así, desde la aritmética parlamentaria el proyecto reeleccionista luce como una misión imposible.

Por su parte, la actividad económica sigue sin dar señales claras de recuperación: pasado el efecto estadístico del segundo trimestre (concentrado en el agro, la construcción y la industria automotriz, que aportaron 2/3 de la suba), las variaciones interanuales se moderarán sensiblemente en la segunda parte del año. Por lo pronto, las señales son contrapuestas: los indicadores del consumo privado y la construcción perdieron impulso en junio, a la vez que la recaudación vinculada a la actividad económica se recuperó en el mes pasado.

Una vez terminado el “acuerdo” de precios, la inflación retomó la dinámica previa y se ubicó en los últimos dos meses por encima del 2%. Quedó demostrado que el objetivo del congelamiento de precios fue únicamente el de cerrar las negociaciones paritarias pendientes. Con un gasto público en modo electoral, un frente monetario que se moderó sólo en el margen y un mayor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, es de esperar que la variación de precios cierre el año en torno al 25%.

Teniendo en cuenta que el kirchnerismo ha sido el gobierno con mayor disponibilidad de recursos de nuestra historia (anualmente dispone de $ 40.000 pesos más por hogar que en 2003), el presente Informe pone el foco en analizar cuál ha sido el destino que tuvo el crecimiento exponencial del gasto del Gobierno Nacional en la última década.

El aumento del gasto no es malo ni bueno en sí mismo; esto depende esencialmente de la calidad y de la sostenibilidad de ese mayor gasto. No es lo mismo si se destina a mejorar las condiciones de vida de la población y/o desarrollar los distintos aspectos que hacen a la competitividad sistémica de la economía, que si se despilfarran recursos financiando gasto improductivo. La evidencia es poco optimista al respecto: el 82% del aumento del gasto se destinó a jubilaciones (35 pp), a subsidiar la energía, el transporte y las empresas públicas (26 pp, un gasto evanescente que se evapora año a año) y a aumentar el aparato del Estado (20 pp). Distintamente, la obra pública dio cuenta apenas del 12% de dicho incremento.

En materia de sostenibilidad, también se observa un claro deterioro: de un financiamiento genuino basado en el aumento de la recaudación por mayor actividad económica y generación de empleo, se pasó a uno en el cual fueron cobrando un peso preponderante el impuesto inflacionario y los ingresos extraordinarios inventados por el Gobierno Nacional. Por cierto, la única “virtud” de este proceso fue que, debido a la obstinación del Gobierno, no se apeló al endeudamiento externo.

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