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Los fallos de dos salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo conocidos ayer liberaron al Gobierno para utilizar las reservas para el pago de vencimientos de deuda a acreedores privados (al menos hasta tanto se pronuncie el Congreso al respecto). Con distintos argumentos (centrados esencialmente en defectos procesales), se dejaron sin efecto las medidas cautelares adoptadas en primera instancia. Así, la disputa en torno a las reservas queda ahora circunscripta al ámbito legislativo.

Todo este conflicto ha vuelto a poner de manifiesto, además de los habituales descuidos técnicos del Gobierno en el dictado de normas trascendentes, cierta incapacidad de la oposición para poder articular consensos en temas claves e imponer la agenda de discusión política.

En cambio, la oposición sí ha tenido mejor suerte (asfixia de las cuentas públicas provinciales mediante) para poner en el centro del debate la cuestión referida a la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, como consecuencia del acuerdo alcanzado para avanzar en la coparticipación íntegra del impuesto al cheque.

El Gobierno hizo de la centralización de los recursos y de las transferencias discrecionales de fondos a las provincias el núcleo de su modelo de construcción política, a través del disciplinamiento forzado de los Gobernadores. Como habíamos adelantado el año pasado en distintos informes mensuales, el proceso de pérdida de capital político del kirchnerismo inevitablemente iba a venir acompañado de crecientes presiones tendientes a una mayor federalización en la distribución de los recursos. Y es importante resaltar que esto no implica desfinanciar al Gobierno Nacional sino revertir (y sólo parcialmente) el inédito proceso de concentración de los recursos en manos de la Nación, transformando las transferencias que hoy realiza el Gobierno discrecionalmente en automáticas.

El Gobierno acusó el golpe y, como consecuencia de las deserciones de varios senadores oficialistas, decidió desviar el eje de la discusión para simultáneamente descolocar a la oposición y tratar de disciplinar la tropa propia: propuso la creación de una comisión en el seno del PJ para discutir los lineamientos de una nueva ley de coparticipación y “analizar” la derogación del impuesto al cheque a partir de 2011.

Obviamente, estos argumentos no son más que cortinas de humo. Dado el altísimo nivel de consenso que requiere una nueva ley de coparticipación (se trata de una ley convenio, que debe ser ratificada por todas las legislaturas provinciales), proponer la creación de una comisión de reforma es la mejor para garantizar el mantenimiento del statu quo. Y si bien se trata de un impuesto que desincentiva la formalización de la economía y que debería ir reduciéndose gradualmente, parece imposible que el Gobierno esté dispuesto a derogar un impuesto que recauda $ 25.000 M al año (máxime en un contexto de menor holgura fiscal y en un año de elecciones presidencial). Naturalmente, la posibilidad es que finalmente proponga hacerlo a partir del 2012.

Dada la importancia central de la cuestión referida a la distribución de los recursos en nuestro país, realizamos un detallado análisis de la distribución actual de los recursos (y sus limitaciones), el proceso de “compensación discrecional” implementado por el Gobierno y alternativas para una distribución más equitativa de los nuevos recursos que potencialmente pasen a percibir las provincias.

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