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Con la llegada demorada del “segundo semestre”, la agenda transformadora de largo plazo con la que asumió el Gobierno fue cediendo lugar a una agenda política de corto plazo que tiene como foco las elecciones de medio término. El Gobierno apostó por darle impulso a la actividad económica para recuperar dinamismo antes de los comicios. Para esto dejó de lado las metas fiscales impuestas a principios de 2016, primando una visión más populista de la administración fiscal. Pero con esto no hizo más que subir el precio a las elecciones de octubre. Y no está claro que termine jugándole a favor.

Las elecciones de medio término no suelen contar con un ganador determinante a nivel nacional. Las alianzas particulares que suelen llevarse a cabo en cada provincia dificultan un conteo de votos homogéneo. Es por esto y por la relevancia de las figuras que amenazan con presentarse en la contienda, que creemos que el triunfador será quien logre hacerse de las dos senadurías por la mayoría que disputará la Provincia de Buenos Aires. Si el peronismo se mantiene dividido en dos representaciones (Frente Renovador y FPV), luce probable una elección de tercios entre Cambiemos, el Frente Renovador y el FPV más duro (La Cámpora). Hoy parece improbable asumir un escenario con el peronismo unificado. De hecho, no podría descartarse una tercera variante que incluya al PJ tradicional (pe. Bossio y compañía), quizá fogoneada por el Gobierno para fragmentar aún más el resultado.

Por otro lado, aun considerando escenarios muy optimistas para Cambiemos (como el de asumir una mejora de 10 pp en los resultados obtenidos en la primera vuelta de 2015), la representación del oficialismo en las dos Cámaras del Congreso no cambiará sustancialmente. A lo sumo Cambiemos podrá mejorar la “pureza amarilla” de sus diputados y senadores en detrimento de sus socios radicales. Que no haya cambios cuantitativos en el Congreso implicará que Cambiemos deberá seguir negociando acuerdos con la oposición.

La “primavera” parlamentaria con la que contó el Gobierno el año pasado ya no estará vigente. En 2016 tuvo el beneficio de que la oposición no iba a pagar el costo de trabar la gestión de un Gobierno recién asumido (otra versión de la “luna de miel”). Además, leyes claves que debían tratarse importaban también a las provincias (pe. Ley cerrojo y Holdouts) favoreciendo el logro de consensos. Y, por último, contaba con recursos disponibles para ceder a cambio de voluntades parlamentarias (pe. no se había automatizado aún la devolución del 15% de la coparticipación retenida por ANSES), que ya no están disponibles.

Pero el apoyo parlamentario que en 2016 se consiguió desde la abundancia, en 2017 deberá lograrse desde la escasez. La meta de un déficit primario de 4,2% del PBI impone un gran esfuerzo fiscal que indudablemente se traducirá en un ajuste de las transferencias discrecionales a las provincias. En paralelo, éstas muestran cuentas fiscales más holgadas producto de la benevolencia fiscal del Gobierno Nacional en el Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo (AFF), que terminó representando una mejora sustantiva de los ingresos de las provincias. La “escasez” a nivel nacional y la “holgura” a nivel provincial podrían anticipar una negociación parlamentaria más compleja para el oficialismo.

A favor, juega el hecho de que este año el Gobierno tendrá una menor dependencia legislativa -el Presupuesto luce como la ley más relevante a tratarse en el Congreso- y que siempre le queda el recurso del veto presidencial. Las desventajas son que siempre tendrá que negociar en minoría en el Congreso, pagar el costo político de los posibles vetos de leyes adversas que pueda proponer la oposición, y la limitación del uso de la herramienta de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) ya que el Gobierno tiene minoría en la comisión bicameral que debe aprobarlos (como quedó demostrado con los rechazos al DNU que modificó los mínimos no imponibles de Ganancias en mar-16, y en diciembre pasado al DNU que eliminaba los reembolsos a los Puertos Patagónicos).

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