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Con el envío del proyecto de ley de Pago Soberano al Congreso, el Gobierno Nacional resolvió redoblar la apuesta en el litigio con los holdouts: dejó en claro que el problema no era la cláusula RUFO sino la resistencia de pagar el costo político de negociar con los holdouts, y puso en evidencia que el problema no se solucionará apenas iniciado el 2015 sino que será una herencia que deberá afrontar el próximo gobierno. Se trata de un proyecto innecesario (el marco normativo vigente resulta más que suficiente) y con varios riesgos asociados, siendo el más relevante el de crear una nueva generación de holdouts. Esto implicaría el riesgo de enfrentar nuevos litigios judiciales, complicando aún más el proceso de normalización de la deuda argentina en el largo plazo y demorando el retorno del país a los mercados financieros.

En el Informe Mensual anterior planteábamos que el problema no era tanto el default en sí mismo sino la capacidad del Gobierno para administrar esta situación, y dar las señales y los pasos necesarios para morigerar sus impactos sobre la situación cambiaria y la actividad económica. Aun así, era difícil imaginarse una secuencia peor a la ocurrida luego del default durante el mes de agosto: envío al Congreso de una nueva Ley de Abastecimiento que aumenta el margen discrecional de intervención por parte del Estado sobre las empresas, amenaza por cadena nacional de aplicar la Ley Antiterrorista contra una empresa extranjera, baja de 100 pb en las tasas de interés de corto plazo de las LEBAC, anuncio de que el gasto primario había acelerado el ritmo de crecimiento interanual al 56% y el proyecto de ley de Pago Soberano.

Sólo ante el recalentamiento del dólar informal el Gobierno dio algunas señales: revirtió la baja de la tasa, redujo al 20% la Posición neta en moneda extranjera de los bancos y activó la línea contingente con China. Medidas que sólo lograrán, en el mejor de los casos, algo de alivio temporario.

Ante un escenario de default extendido y sin acceso al financiamiento externo, la gran incógnita es el nivel de reservas que CFK le entregará al próximo presidente. Por lo pronto, tres factores impactarán negativamente en 2015 en la comparación interanual: menor contribución de la cosecha agropecuaria (base de comparación elevada y caída de los precios internacionales de los commodities), menor “aporte” de los controles cambiarios, y mayores vencimientos de la deuda pública en dólares.

Con una inflación que ya se comió el 70% de la ganancia de competitividad que trajo aparejado el salto devaluatorio de enero, es esperable que el sector privado comience a dudar con respecto a la evolución del tipo de cambio oficial debido al atraso cambiario. Sin acceso al financiamiento externo y sin voluntad política para moderar el ritmo de crecimiento del gasto ni subir las tasas de interés, un camino alternativo sería el de un desdoblamiento cambiario con un tipo de cambio comercial y otro financiero. Si bien es una posibilidad que el Gobierno sistemáticamente rechazó y que no está exenta de problemas (riesgo de profundizar la caída de reservas a corto plazo, impacto sobre las empresas y provincias endeudadas en dólares, etc), parece la única alternativa disponible para tratar de quitarle presión al dólar informal y evitar el drenaje de reservas. En todo caso, es claro que si se mantiene el rumbo actual de la política económica más pronto que tarde el Gobierno deberá enfrentarse a nuevos episodios de stress cambiario.

 

Informe Mensual