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La economía continúa mostrando los problemas para crecer que adelantamos. Sin embargo, estas últimas semanas la atención estuvo centrada en otros lugares. Por un lado, en Nueva York, por el litigio con los holdouts. Por el otro, en el Congreso, con el tratamiento legislativo del memorando de entendimiento con Irán y el discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias. En ambos casos, un acuerdo que muestra más costos que beneficios para el Gobierno y las reformas a implementar en la Justicia (elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, acotar los efectos de las medidas cautelares, creación de nuevas Cámaras de Casación, etc), se perciben nuevos avances del “vamos por todo”: un reposicionamiento externo para suplir la ausencia de Chávez y un mayor control populista de otros poderes.

Lo curioso es que el rumbo elegido depara cada vez menos novedades positivas. El ritmo inflacionario y la disparada del dólar informal reforzaron la incertidumbre, justo en medio de una negociación salarial compleja. La respuesta del Gobierno fue la de anunciar un congelamiento de precios por 60 días (aunque sin lista de precios de referencia). A pesar de que ya ha recurrido en otras ocasiones a estos mecanismos, en esta oportunidad la medida parece más apuntada a contener las demandas de los representantes gremiales. En especial, si tenemos en consideración la presión que ha habido desde la propia presidencia para que empresarios emblemáticos en las negociaciones paritarias no dieran aumentos más allá de los pretendidos por el oficialismo.

Más allá de paliativos ineficaces y de corto plazo, el problema de fondo es la pérdida de competitividad generada por la alta inflación más una brecha cambiaria que se va ampliando. La implementación del cepo cambiario le permitió al Gobierno contener el drenaje de reservas internacionales del Banco Central, pero al costo de acelerar el agotamiento de la fase “popular” del atraso cambiario, pasando de la falsa sensación de bonanza por el mayor poder de compra en dólares al bajo crecimiento, al estancamiento del salario real y a la menor generación de empleo. Parte de este proceso comenzó a evidenciarse en 2012, y todo indica que el atraso cambiario se profundizará en 2013.

Hasta ahora, el Gobierno se ha resistido a implementar una corrección cambiaria de magnitud y nada indica que esta visión se modifique en el corto plazo. El problema es que en el contexto actual se están pagando casi todos los costos asociados a una devaluación pero sin disfrutar de ninguno de sus beneficios. ¿Hasta cuándo puede durar este proceso? La aspiración del Gobierno es llegar a las elecciones sin mayores cambios que puedan afectar el humor popular. Ahora bien, pasadas las elecciones legislativas, agotada la fase popular del atraso cambiario, con menor margen en materia fiscal y una economía poco dinámica, vale la pena preguntarse si la corrección cambiaria no puede venir impuesta por las circunstancias.

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