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Estamos en un trimestre electoral y la economía se acopla al compás de la política, cuyas acciones predominan. El Gobierno adelantó los comicios, juega con la candidatura a diputado del ex presidente, coparticipó parcialmente las retenciones al complejo sojero, lanzó candidaturas testimoniales (del propio gobernador y de los intendentes) y recientemente incorporó una figura del espectáculo a la lista. Pero pese a todo ello el 28 de junio a la noche el Gobierno sólo podrá, en el mejor de los casos, mostrar una victoria ajustada en el distrito más importante del país. Y en los cuatro distritos que le siguen en importancia electoral a la provincia de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que concentran el 31% del total del padrón y “equivalen” al 83% de la provincia de Buenos Aires), el kirchnerismo sufrirá derrotas abultadas, probablemente perdiendo así las mayorías en el Parlamento Nacional.

Como adelantamos en el Informe Mensual de Febrero, este resultado podrá resultar ambiguo en términos de la lectura mediática del “quién ganó” pero será taxativo en términos políticos, siendo el germen de una reconfiguración de la distribución del poder en la Argentina, en particular, hacia el interior del Partido Justicialista.

El proceso no será, sin embargo, sencillo. La disputa entre Kirchner y el Club de los Gobernadores Triunfantes (actuales y ex) que tendrán como objetivo preservar sus provincias y asegurar el triunfo del PJ en la elección presidencial de 2011 marcará el tono por venir. Pero, aún con las dificultades del actual contexto, esta administración nacional no es tan débil como la del 2002 ni los gobernadores de hoy tienen tanto peso como los de aquella época. Si bien ante los Jefes provinciales pudieron imponer a un Lavagna sobre un Carbonetto, no pareciera esta vez tan sencillo transformar el resultado de junio en un giro hacia la sensatez.

Ante ese escenario y con una economía que continuará deteriorada (no somos partidarios de la tesis de rebote al estilo “V” en el mundo y menos en nuestro país), la pieza central en la discusión que se viene será la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, que actualmente es 75%-25% en favor de la primera.

Una de las consecuencias previas e inmediatamente posteriores al colapso económico de 2001 fue, al igual que en episodios anteriores de crisis, la resignación de recursos por parte de las provincias en pos de asegurar el funcionamiento del Estado Nacional. El establecimiento de las retenciones (en un contexto de precios internacionales crecientes) y del impuesto al cheque exacerbó las asimetrías que se venían arrastrando de la década anterior (transferencia de servicios educativos y de salud a las provincias sin recursos y desvío de recursos provinciales para financiar el déficit previsional).

Más aún, la política de tipo de cambio alto sin medidas compensatorias de carácter antiinflacionario agravó la tendencia. En efecto, no sólo los precios internacionales y la alícuota de las retenciones crecían, con lo que la Nación se veía favorecida al no coparticipar dichos ingresos, sino que la inflación generaba presiones salariales permanentes en el sector público provincial y un aumento de sus deudas ajustadas con CER (y cuyo acreedor principal es la Nación).

Ésta fue la dinámica que comenzó a manifestarse ya en el 2005. Dos circunstancias coyunturales permitieron, sin embargo, congelar momentáneamente esta inevitable discusión: el notable ritmo de crecimiento de los ingresos (tanto de los girados por la Nación como los recaudados por los niveles subnacionales de gobierno) y el poderío político y financiero del Gobierno Nacional derivado de la estructura económica y fiscal descripta. Caja y popularidad resultaban una fórmula imbatible en el armado político del kirchnerismo.

La bonanza de la macro posibilitó mantener el statu quo distributivo, dado que la pérdida de autonomía económica y política de las provincias fue compensada por una generosa distribución de transferencias discrecionales por parte de la Nación, disciplinamiento político mediante.

Sin embargo, ninguno de los dos aspectos mencionados más arriba están presentes en la actualidad ni lo estarán en el futuro mediato. La continua caída de la actividad económica repercute fuertemente en la recaudación (cada vez más dependiente de los ingresos de la Seguridad Social), acotando seriamente el margen de maniobra del Gobierno Nacional y poniendo presión sobre los presupuestos provinciales. Y la pérdida de popularidad del kirchnerismo en conjunto con la restricción fiscal limitan seriamente la capacidad de disciplinamiento del Gobierno Nacional, en la medida en que ya que no asegura el éxito electoral sino más bien lo contrario y que cuenta cada vez con menores recursos para encolumnar voluntades a través de las transferencias discrecionales de fondos a los gobiernos provinciales.

En un escenario recesivo, con caída de los ingresos, abultados vencimientos de deuda y erosión del poder político del Gobierno Nacional, cobra particular relevancia el análisis de las implicancias políticas y fiscales que pueda tener esta discusión que se irá manifestando cada vez con más fuerza a partir del 29 de junio.

Informe Mensual