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A comienzos de año surgían dudas sobre la capacidad del Gobierno de poder aprobar leyes en un Parlamento en minoría. Sin embargo, había dos factores que iban a jugar a favor del oficialismo: las necesidades financieras de las provincias y un Peronismo que se encontraba diezmado. El Congreso funcionó de manera aceitada durante la mayor parte del año y el Gobierno logró aprobar más de 30 leyes propias.

Sin embargo, esa luna de miel se terminó y el Congreso fue una máquina generadora de malas noticias para el oficialismo. Comenzó con la no votación de la reforma electoral, la votación de la emergencia social y recientemente el rechazo al proyecto del oficialismo del Impuesto a las Ganancias y la media sanción en Diputados de un proyecto alternativo más ambicioso en términos fiscales.

Lo de Ganancias pareciera ser una derrota política construida por el propio Gobierno. En septiembre había prometido el envío del Proyecto de reforma del Impuesto. Contaba con tiempo considerable para pensar una reforma integral y consensuada luego de los ajustes realizados en febrero 2016. Sin embargo, la demora en el envío y la presión de la oposición obligó al Presidente a incorporarlo en extraordinarias. La negociación hubiera sido distinta si se presentaba en conjunto con el Presupuesto. Además, el proyecto del oficialismo no fue compartido con áreas clave del Gobierno y se anticipó que no había espacio para negociación en un Parlamento en minoría. Finalmente, la vicepresidenta anticipó que el Dictamen surgido del acuerdo de la oposición sería vetado de aprobarse en el Senado.

No porque sean derrotas para el Gobierno son triunfos para la oposición. Su avance fue voraz. Esto implicó alcanzar acuerdos muy amplios con figuras políticas variopintas primando la lógica de avanzar por encima del Gobierno al determinarle su política fiscal. Esa voracidad llevó a cometer varios errores. Un proyecto tan ambicioso desde lo fiscal también demuestra lo lejos que se encuentra la oposición del poder.

Más allá de toda esta novela lo que podemos observar no es alentador. Las señales son ambiguas. Pasamos de Macri viajando con Massa a Davos a comienzos de año a ser “la persona menos confiable de la política argentina”. De la eliminación de las retenciones a la minería a su posible restitución en menos de 10 meses. De la necesidad de bajar la presión tributaria a la creación de impuestos que atentan contra el largo plazo.

Estamos frente a un problema serio si oficialismo y oposición son expansivos en lo fiscal. Recientemente el Presidente reconoció que “es fundamental reducir el déficit fiscal”. También dijo que “cualquier atajo que queramos tomar nos vamos a volver a dar una piña”. La discusión sobre el Impuesto a las Ganancias debe ser analizada con esta lógica de evitar atajos. El Impuesto a las Ganancias repercute sólo en menos 1 de cada 5 trabajadores formales. 8 de cada 10 trabajadores registrados ganan menos de $ 30.000 mensuales brutos y pagan en promedio sólo 2,4% de Ganancias. Es un Impuesto para pocos. Hay que desmitificar sus implicancias.

Cada vez son más frecuentes las dudas acerca de la evolución del déficit fiscal y la capacidad del Gobierno para poder reducirlo. A lo largo de todo el año, alertamos de los riesgos y vulnerabilidades que conllevan un déficit fiscal tan elevado y en crecimiento. Gobierno y oposición deberían salir de la trampa del corto plazo. Dejar atrás frases sin sentido ni rigurosidad como “el salario no es ganancia”. Se tienen que corregir las distorsiones del Impuesto y su relación con otros impuestos, hacerlo más sencillo para los contribuyentes y mejorar su distribución. Ninguno de los proyectos soluciona esas anomalías. Se debe retomar la agenda de largo plazo. Reemplazar el Impuesto a las Ganancias con un Impuesto superador que grave los ingresos, que tenga un carácter progresivo y que su distribución cuente con criterios explícitos que contemplen tanto variables económicas como sociales. Inevitablemente también se deberá atender el resto del sistema tributario y su coparticipación entre Nación y provincias y la distribución entre estas últimas. De la repartición de recursos también se deberá plantear la distribución del gasto entre Nación y provincias y las responsabilidades de cada jurisdicción en áreas claves como educación, salud, seguridad e infraestructura.

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