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El cambio regulatorio de la posición neta en moneda extranjera de los bancos y la abrupta suba implementada en las tasas de interés le permitieron al Gobierno controlar la corrida cambiaria autoinflingida: se estabilizaron las reservas, bajó el dólar informal y se moderaron las expectativas de depreciación. Mirando hacia adelante, y aun sin acceder a financiamiento externo, el Gobierno no debería tener mayores inconvenientes para mantener el nivel actual de reservas internacionales en el Banco Central. El “auxilio” cambiario lo darán la soja, las menores salidas por turismo y autos, y la caída en las importaciones por la recesión.

Con la estabilización de las reservas la economía perderá el principal mecanismo de absorción monetaria, lo que obligará a un mayor esfuerzo en materia de esterilización si se quiere sostener la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la base monetaria. Con un frente fiscal que sigue sin dar ninguna señal de moderación, el peso de la absorción monetaria recaerá en el sistema financiero. El excedente de liquidez generado por el cambio regulatorio y la evolución diferencial de los préstamos en relación a los depósitos debería ser más que suficiente para absorber el incremento en el stock de Letras del Banco Central. Y el mayor costo cuasifiscal asociado no representa, al menos en el corto plazo, un problema.

Mirado en perspectiva, no se puede soslayar que el Gobierno tomó distintas decisiones que meses atrás parecían impensadas pero que la economía requería. El problema que se plantea es que esta incipiente (y parcial) racionalización de la política económica no es acompañada desde el discurso oficial: la estrategia antiinflacionaria se limita a los “Precios Cuidados” y a culpar a los empresarios, y no hay ninguna señal de moderación del frente fiscal. Así, el autismo del discurso oficial fuerza al Gobierno a sobreactuar las decisiones de política económica para poder aplacar la incertidumbre del sector privado. Esto implica que el ajuste se termina realizando de la peor manera, ya que profundiza el costo en términos de actividad económica, destrucción de empleo y caída del salario real, sin intentar siquiera coordinar las expectativas inflacionarias del sector privado.

El Gobierno no debería sobreestimar la tranquilidad cambiaria actual. Debajo de esa aparente calma, la economía se encamina a una recesión que puede profundizarse, y la carencia de un plan antiinflacionario creíble con un ancla fiscal hará que buena parte de las ganancias de competitividad asociadas al salto devaluatorio se evaporen con celeridad.

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