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La confirmación del procesamiento en la causa de escuchas ilegales en segunda instancia (y por unanimidad) dejó en una situación más que complicada a Mauricio Macri y su proyecto presidencial. Sin chances de un “resarcimiento” por vía judicial (de apelar el fallo corría el riesgo de un nueva confirmación del procesamiento en la instancia superior, a la vez que los tiempos para la realización del juicio oral probablemente resultarían eternos en términos políticos) y con el riesgo que implicaba una comisión investigadora con testimonios incómodos que lo martirizara políticamente en cómodas cuotas, optó por jugar a todo o nada su destino político. Así, decidió promover su propio juicio político en la Legislatura porteña (una especie de oxímoron político), confiando en que la relación de fuerzas parlamentarias actual es suficiente para ser absuelto.

Por cierto, se trata una jugada que implica importantes y variados riesgos. Por lo pronto, aún no está claro que cuente con los votos necesarios para la aprobación del juicio político (la oposición prefiere la comisión investigadora). Y de avanzarse con el juicio, difícilmente el Jefe de Gobierno pueda navegar en aguas tranquilas: se trata de una cuestión en la cual todavía no ha brindado una explicación convincente de cara a la sociedad, que puede complicarse en el propio devenir del proceso (modificando lealtades políticas) y que, además de la absolución, requiere también de argumentos contundentes que disipen cualquier duda al respecto. Por último, el efecto positivo que puede tener en la opinión pública la polarización con el kirchnerismo, puede volverse evanescente en la medida en que otros referentes de la oposición tomen distancia (algo que ya empezó a ocurrir).

Estas complicaciones del Jefe de Gobierno porteño fueron más que bienvenidas por el kirchnerismo (envalentonado por la trabajosa aprobación “transversal” de la ley de matrimonio gay), por los competidores en la interna del peronismo federal y por todo el conglomerado del Acuerdo Cívico y Social (que ve consolidarse un escenario eleccionario de tercios). Así y todo, y cuando parecía avizorarse un escenario más calmo con las señales de distensión dadas por Alfonsín y Cobos, una foto “cariñosa” del primero con la presidenta y ministros del gabinete nacional desató una escalada interna de declaraciones y acusaciones entre los principales referentes del (des)Acuerdo Cívico, lo que genera dudas con respecto a la posibilidad de conformación de un bloque homogéneo de cara al 2011.

Todo el ruido generado en torno al debate del 82% móvil obligó al Gobierno a anunciar con bombos y platillos un aumento del 16,9% de las jubilaciones (que no es otro que el contemplado en la ley de movilidad previsional) y del 22% a las Asignaciones Familiares y a la Asignación Universal por Hijo. Teniendo en cuenta la importancia central del gasto previsional en todos los estados modernos y el significativo impacto fiscal (actual y futuro) de los distintos proyectos presentados por la posición, vale la pena realizar un análisis detallado de la foto previsional actual de la Argentina y la viabilidad (tanto previsional como financiera) de las propuestas en danza.

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