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Las últimas semanas estuvieron signadas por una secuencia de datos negativos. Al aumento de las tarifas de electricidad anunciado en febrero, se le adicionaron los ajustes en los pre-cios del gas, agua, telefonía fija y combustibles. Más allá de ciertas limitaciones metodológicas, los datos publicados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA indica-ron que la pobreza alcanzó al 34,5% de los ciudadanos y en los últimos 3 meses se generaron 1,4 millones de nuevos pobres. Finalmente, coparon todos los medios de comunicación las noticias relacionadas con eventuales casos de corrupción. Desde el exterior con los Panamá Papers cuyas esquilas salpi-can a todo el arco político. Y las domésticas con las recientes imputaciones a CFK y De Vido.

Toda esta cadena del desánimo llega en momentos en los cua-les la actividad económica está sufriendo un fuerte parate. Este coctel indicaría la finalización de la luna de miel del Go-bierno con la sociedad luego de 4 meses de haber llegado al poder. Esto implica que a partir de ahora es responsable de las decisiones que lleva a cabo y de la evolución futura de la eco-nomía.

El desafío es mayor si se tienen en cuenta los desequilibrios macroeconómicos que heredó y aún no logró resolver. Des-equilibrios que se encuentran interrelacionados entre sí y que el antídoto para curar uno, es el veneno para otro. El Gobierno optó por ir gradualmente y priorizar los frentes a atacar. Se concentró en la salida del default ya que el bajo nivel de en-deudamiento permite financiar el gradualismo.

El Ministro de Hacienda trazó una meta de mediano plazo de eliminación del déficit fiscal en 4 años. Sin embargo, conlleva intrínsecamente una serie de dificultades para lograr su cum-plimiento. La presión tributaria es récord por lo que sólo

puede alcanzar la meta bajando el nivel de gasto. Aquí se en-cuentra con una dificultad adicional: la mitad de los gastos – los relacionados a la seguridad social- crece automáticamente y lo hace a un ritmo superior en relación a los ingresos en un contexto de inflación decreciente debido al factor de actuali-zación de la movilidad jubilatoria. El resto de los gastos tiene que tener una fuerte caída en términos del PBI y volver a los niveles de casi una década. Es decir, ajustar en 4 años lo que se aumentó en 10 años. Por eso, analizando los números pare-ciera prácticamente imposible que se alcance la meta fiscal.

Con una economía que prácticamente no creció en los últimos cuatro años, hacer una fuerte política fiscal contractiva no pa-rece ser una opción deseable. Por el momento la cuestión fis-cal estaría quedando relegada para la resolución de otros des-equilibrios como el estancamiento económico y la inflación. Esta estrategia debe sobreponerse sobre algunos riesgos que se encuentran latentes. La capacidad política del gobierno que cuenta con minoría en ambas Cámaras, la necesidad de que la economía vuelva a crecer y el manejo minucioso de la cuestión fiscal para no caer en las tentaciones del pasado.

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