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Justo cuando el panorama político parecía aclararse para el gobierno con la ruptura del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados y el acuerdo para que el Senado apruebe el ingreso de los pliegos de los nuevos miembros de la Corte Suprema (y los pliegos de los embajadores), por distintas razones el tema de la inflación volvió a instalarse en la agenda pública. A la fuerte suba de tarifas eléctricas anunciada por el ministro de Energía a fines de enero (442% en promedio para el área metropolitana), le siguió la controversia por la llamativa variación del IPC-CABA de enero anunciada por el Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad (4,1%, cuando todas las mediciones alternativas habían mostrado desaceleración respecto a diciembre) y culminó con el inoportuno despido de la Directora Técnica del INDEC (Graciela Bevacqua) recientemente nombrada. Más allá de la capacidad de la persona para desempeñarse en el cargo por el cual fue nombrada, un tema tan sensible como el del INDEC exigía extremar los recaudos para evitar posibles ruidos. Por cierto, que la cuestión inflacionaria irrumpa en la escena pública cuando se inician las complejas negociaciones paritarias no es una buena noticia para el gobierno. Con un dólar que se deslizó por encima de los $ 15, el éxito del enfoque gradualista adoptado por el gobierno para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos heredados dependerá en buena medida de lo que suceda en las próximas negociaciones salariales y con los holdouts. Con respecto a esto último, el gobierno realizó una oferta muy inteligente con el propósito de abrir una cuña en la posición de los litigantes que, a partir de dejar en claro la vocación negociadora del país y del apoyo político que obtenga por parte del gobierno de los EEUU, permita que el juez Griesa reponga la medida cautelar (stay). Esto permitiría normalizar los pagosatrasados de la deuda reestructurada y volver a conseguir financiamiento en el exterior. Teniendo en cuenta la importancia central que tiene resolver el conflicto con los holdouts y la enorme complejidad del litigio a partir de la desidia con la que el kirchnerismo abordó el frente judicial, vale la pena hacer un análisis detallado para entender las razones de la oferta argentina y poder establecer los criterios de lo que sería una resolución “exitosa” del conflicto (que muy difícilmente incluirá un acuerdo con el 100% de los litigantes en el corto plazo).

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