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Pasemos en limpio sólo algunas de las prioridades presupuestarias que debería atender nuestro país en su friccionado camino hacia el desarrollo económico y social, que hemos mencionado en sucesivos informes: reducir la carga tributaria de las empresas ya sea en producción como en comercialización, incrementar los recursos destinados a mejoras de infraestructura, reducción gradual del déficit fiscal para evitar una tendencia explosiva de la deuda y para atenuar presiones inflacionarias futuras, instalar el gasto en educación y en acompañamiento de chicos y adolescentes como la prioridad que hoy no es, reducir la informalidad económica y laboral en actividades de baja escala o sujetas a la competencia internacional a partir de concesiones impositivas. Una lista de tareas necesarias para colonizar Marte podría parecer más sencilla.

Pero lo difícil se torna imposible cuando se dejan de lado variables importantes dentro del campo de acción. Por supuesto, reducir algunos componentes del gasto pueden ayudar a lograr las metas fiscales de este año y, de hecho, el Gobierno lo está haciendo con éxito a partir del control de diversos programas y partidas presupuestarias. Pero estamos hablando de uno solo de los objetivos que integran el conjunto. No hace falta irnos a algún teorema de incompletud para darnos cuenta de que si, además de cumplir con las metas, queremos también reducir impuestos y mejorar la educación y la infraestructura, o incluso alcanzar cierto equilibrio fiscal antes de lo programado, con el control prolijo de algunos programas no alcanza.

Y ahí aparece la sombra de un gigante. Con casi la mitad del gasto nacional, la seguridad social en sentido amplio es realmente enorme, esencialmente porque las urgencias sociales son enormes. Pero con un 10% del PBI destinado a eso, y con tantas prioridades para poder romper al fin las cadenas del subdesarrollo, necesariamente debemos preguntarnos si no existe margen para alguna reorientación que permita atacar varios objetivos en simultáneo. Ya lo hemos mencionado en nuestro informe mensual N°100: cuando algunos derechos están ligados a una restricción presupuestaria, beneficio que se le da a alguien es otro beneficio que se le impide tener a alguien más. Con esa premisa, pensamos que la re-priorización del gasto resulta ineludible. Incluso expusimos allí un ejercicio meramente aritmético; exagerado e impracticable, pero ilustrativo: si retiráramos todas las transferencias por jubilaciones, planes y subsidios por desempleo registrados en la EPH y los volviéramos a asignar únicamente en las familias pobres, tendríamos pobreza cero sin gasto adicional y con un ahorro fiscal de 2,9% del PBI.

La re-priorización debe surgir, para que sea sostenible, de un consenso; y pensamos que cierto consenso entre todas las voces disonantes sólo puede comenzar a diagramarse en torno a la sensibilidad respecto de quienes más lo necesitan y también al rigor de los números y una programación transparente de los desenlaces futuros. En este informe intentaremos hacer un aporte en este sentido.

Argentina todavía cuenta con lo que se denomina “bono demográfico” o “ventana demográfica”, es decir, su población activa (en edad de trabajar y de contribuir con impuestos) crece por encima que la población inactiva (chicos y jubilados, receptores de beneficios fiscales). Sólo por cuestiones demográficas, corren tiempos de mayor crecimiento. Cuando finalice dicho bono en unos 20 años, la economía crecerá menos y la población en edad de trabajar deberá mantener a la creciente población inactiva con mayores presiones fiscales. Hasta ese tiempo, Argentina deberá pensar más como hormiga y menos como cigarra. De no hacerlo, estaremos hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos.

Sin embargo, hay dos cuestiones sobre este bono demográfico argentino que no suelen ser mencionadas. En primer lugar, se sustenta sólo por tener una baja participación de la población juvenil; por el lado de la población mayor, el bono terminó hace rato, en los años 70. Esto quiere decir nuestra demografía ya nos está jugando en contra cuando se trata de asistencia previsional. Todavía no al nivel de Japón o Europa, pero nuestra población envejece más rápido de lo que la mención de un bono demográfico todavía vigente auguraba. La tendencia demográfica dotará de un mayor campo gravitatorio al agujero de ANSES y lo hará aumentar de tamaño. Precisamente, eso es algo de mucha gravedad para la sostenibilidad fiscal.

En segundo lugar, el rasgo distintivo de Argentina es que también hay que mantener a gente que, aun en edad de trabajar, no tiene las oportunidades, capacidades y estímulos mínimos para realizar actividades productivas. Por lo tanto, resulta crucial ahora no sólo generar tasas de ahorro suficientes cuando cambie nuestra composición demográfica; resulta indispensable ir generando las condiciones suficientes para que los jóvenes y chicos de ahora adquieran esas capacidades para cuando alcancen edad de trabajar. Con un 60% de chicos con sobreedad a fines del secundario, la tarea es titánica.

De hecho, estas dos particularidades (ausencia de bono demográfico en el segmento etario más alto y asistencia a personas en edad de trabajar) ya se reflejan en los resultados de ANSES. En 2017, el resultado primario será deficitario en 2,6% del PBI cuando hace 5 años era superavitario en 0,4% del PBI, en parte por aumentar el nivel de cobertura previsional (moratorias, Pensión Universal para el Adulto Mayor) y en parte porque recursos que recibía desde la privatización de 1993 ahora se están devolviendo a las provincias. Y los gastos no previsionales de ANSES, que incluyen los distintos planes que distribuye (Pensiones no contributivas, asignaciones familiares, AUH, Progresar) suman 3,3% del PBI que en 2017 superarán los ingresos por rentas generales de 3,2% el PBI. Consecuentemente, para cerrar los números, ANSES ya requiere de aportes del Tesoro en dosis cada vez mayores.

Con el Programa de Reparación Histórica y los recursos que gradualmente se irán yendo a las provincias, el balance de la ANSES irá empeorando, a lo que se sumará una población crecientemente envejecida. En nuestro escenario base de largo plazo, el déficit estrictamente previsional de ANSES pasará del 2,5% del PBI en 2017 a 4,0% en el 2027 y 4,5% en el 2040. Está dinámica da escalofríos y la tendencia general es hacia la negación de la misma. Nuestro punto de vista es que el nivel de cobertura no debe ser discutido, en un mundo en donde las asignaciones básicas a las personas serán cada vez más una necesidad. Así, pensamos que deben discutirse seriamente las alternativas que otros países ya empezaron a implementar: edad jubilatoria, años de aporte, nivel de contribuciones, tasa de traspaso o la fórmula de movilidad. En concreto, afirmamos que esta última contiene problemas de consistencia que se acumulan con el tiempo: los haberes se ajustan con la evolución de los salarios y los ingresos de ANSES, y de este modo se apropian de gran parte de la productividad de la economía que la clase pasiva ya no aporta. Pasar a un ajuste por precios y sin tantos rezagos merece ser evaluado. Los datos muestran que incluso con una combinación de estas medidas, el déficit podrá estabilizarse pero no eliminarse.

Finalmente, queremos enfatizar que las voces que invocan a la informalidad de la economía como única variable que afecta el balance de la ANSES (de otro modo superavitario) son infundadas: una reducción eficaz de la informalidad, concentrada en pequeños comercios e industrias, requiere concesiones impositivas. Nosotros sugerimos ampliar nuestro régimen simplificado, como hizo Brasil hace 10 años. Pero el Monotributo puede financiar a la seguridad social sólo en dosis mezquinas, con lo que basar una reforma previsional en la reducción de la informalidad no resulta una propuesta sensata.

Presentación resumen

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