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Como es habitual, el desempeño económico dependerá en parte de la dinámica política. Son varios los estudios académicos, dentro de una rama institucionalista del desarrollo económico, que muestran cómo inciden la estructura política y, de modo más general, la configuración institucional en el crecimiento de largo plazo de una nación. Pero dicha causalidad puede darse incluso en el corto plazo.

Desde ya, la situación de liquidez internacional, el crecimiento de los países vecinos o vinculados al nuestro, los márgenes de rentabilidad de las empresas locales y el nivel de competitividad, la dinámica del consumo o el costo del capital interno, son todos factores cruciales para determinar la evolución de la actividad económica. Pero las decisiones políticas en una economía volátil como la nuestra, que al mismo tiempo se encuentra en el medio de una transición (una transición hacia “algún lado” todavía incierto), resultan también vitales no sólo para definir una tendencia de largo plazo sino también, por la simple lógica recursiva de anticipar el futuro, para intentar estimar qué puede pasar el año que viene.

Pongamos sólo un par de ejemplos. La evolución de la deuda pública, para decirlo de manera coloquial, está en un límite: partimos de niveles bajos pero los elevados déficit fiscales pueden ser soporte de preocupación si no se encausan de manera convincente, aun en un esquema gradual[1]. Para encontrar la meta de 3,2% del PBI del 2018, el gobierno deberá trabajar fuertemente en el esquema de gastos. Y trabajar significa consensuar en el ámbito parlamentario cuál será el origen de dicha reducción, porque no será suficiente con la reducción de subsidios previstos en las audiencias públicas y el mayor dinamismo de la recaudación asociada a la recuperación económica. En segundo lugar, las decisiones de inversión presentes se sustentan, siempre, en un horizonte de planificación de varios años vista. En muchos sectores, eso significa tener un panorama de cuál será el marco regulatorio e impositivo que rijan la actividad, cuáles serán las reglas de juego tanto para los ingresos como los egresos, incluyendo aspectos vinculados a la energía o las relaciones laborales. Todo ese marco también se define en el Congreso. Y dependiendo de cómo actúe éste, la actividad económica tendrá un perfil u otro.

Es de esperar que el oficialismo mejore su cosecha en octubre, pero la conformación del nuevo Parlamento prácticamente no se modificará con respecto al que surge de las PASO. De mantenerse los resultados de agosto, lograría sumar 8 senadores más, o 9 si se llegara a revertir el ajustado resultado de la Provincia de Buenos Aires. Formaría un bloque de 24 senadores y para alcanzar el quórum propio necesitaría 13 adicionales. El Partido Justicialista en su versión ampliada (la parte tradicional y la que viene transitando el camino de “desmarque” del FPV) seguiría conformando el bloque mayoritario en la Cámara de Senadores. Si se quisiera sumar al FPV “irreductible”, alcanzaría mayoría absoluta. En la cámara de Diputados, Cambiemos se consolidaría como la primera minoría con un piso de 104 legisladores (piso que surge de mantener el resultado de las PASO). Para alcanzar el quórum propio todavía le faltarían 25 diputados.

Con esta configuración parlamentaria, nosotros vemos varios interrogantes: los escenarios posibles son diversos y podrían tanto propiciar como dificultar alcanzar un esquema político y económico más virtuoso. Y los interrogantes se ubican tanto del lado del oficialismo como de la oposición. Por un lado, en octubre, ningún referente provincial del peronismo saldrá fortalecido. Sin un referente claro de la oposición con pretensiones nacionales, los gobernadores (y senadores) podrán privilegiar consolidar su poder regional facilitando acuerdos en pos de la gobernabilidad y de solucionar restricciones estructurales que está soportando el país, mostrando mayor voluntad negociadora en el parlamento. Mejor pájaro en mano y concentrarse en la administración local; en todo caso, una buena gestión regional podría abrir la puerta a una proyección nacional. Pero esa proyección, además de condicional, no parece ser inmediata. Esta situación podría ser aprovechada por el gobierno para avanzar con la agenda estructural.

Esta es una alternativa posible, incluso probable, pero no la única. Las opciones no virtuosas, en política, abundan. La percepción de inevitabilidad de una re-elección en 2019 podría alentar posturas más extremas y calculadas para permeabilizar un mayor desgaste. Puede haber negociaciones desconocidas relacionadas con direccionamiento presupuestario o de distribución de poder (en ámbitos legislativos, corporativos o judiciales) que pueden distorsionar las iniciativas más provechosas. Además, el gobierno se encontrará negociando desde la escasez financiera, y con una mayor holgura relativa de las provincias[2]. En definitiva, uno debe preguntarse ¿qué ganarían los gobernadores o senadores por votar iniciativas del gobierno que vayan, por ejemplo, en la dirección de un ajuste del gasto o de cambios previsionales indispensables? Por supuesto, en estos casos no vale contestar con la rousseauniana búsqueda del “bien común”.

En este informe, también consideramos que, del lado del gobierno, existen dos incógnitas importantes: hasta dónde intentará expandir la agenda de cambio estructural y cuál será el modus operandi que empleará para intentar hacerla efectiva. ¿Se parecerá más al método elegido para armar una propuesta de Responsabilidad Fiscal para las provincias o en el Programa de Reparación Histórica, en donde reinaron las reuniones, acuerdos y sacrificios, o similar al intento cambiar unilateralmente un pequeño matiz de la fórmula de movilidad jubilatoria, las pensiones por discapacidad o, recientemente en CABA, la reforma educativa a nivel secundario?

Nuestro escenario base económico para el año 2018 contempla una dinámica más o menos virtuosa en el frente político. Además, asume que, a pesar del ya anunciado desapalancamiento de varios bancos centrales (EEUU, EU, Japón), la liquidez mundial continuará elevada y el nivel de tasas relativamente bajo, al tiempo que se verificará un crecimiento mayor de varios países comercialmente vinculados. En resumen, volveremos a ver un crecimiento moderado, sustentado en un reforzado optimismo post-electoral, con atraso cambiario y mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El aumento de la masa salarial (por mayor empleo y salario real) permitirá incrementar el PBI en 1,1%, ayudado por una mayor propensión al consumo estimulada por el optimismo, confianza que también dotará a la inversión (construcción y en no transables) de mayor sensibilidad al crecimiento (elasticidad ingreso), pudiendo crecer un 8% el año que viene. El consumo tendrá un incremento adicional por el continuo vigor del crédito.  El atraso cambiario, levemente acentuado en 2018, continuará siendo un lastre y las exportaciones netas harán disminuir el PBI en 1,2%; y la necesidad de alcanzar las metas fiscales provocarán un impulso negativo en 0,8%. Con todo, nuestro escenario base contempla, para el 2018, un aumento del PBI de 2,4%.

 

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