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La discusión parlamentaria sigue empantanada. La oposición logró rechazar en Diputados el DNU de las reservas, a la vez que aprobó (de forma ajustada) en el Senado el proyecto de coparticipación íntegra del impuesto al cheque. No obstante, nuevamente debió sufrir más de la cuenta para obtener la mayoría (aun en un proyecto en el cual se suponía contaba con una mayoría holgada) y dio pie para que el oficialismo objetara la aprobación del cambio en la distribución bajo el argumento de que se requería una mayoría especial (muy probablemente éste sea el motivo que utilice el Gobierno para justificar políticamente el veto presidencial una vez que el proyecto sea aprobado en Diputados).

Con respecto a la interminable saga generada en torno a las reservas, e independientemente del rechazo que aprobó Diputados, el Gobierno se encamina a aprobar una ley “espejo” que le permitirá darle una forma legal más adecuada al instrumento; lo que implica que podrá disponer de esos fondos a piacere. Adicionalmente, la Justicia ratificó el fallo que obliga a retrotraer la composición de la Comisión Bicameral de Seguimiento a los DNU, con lo cual volverá a tener paridad (8 miembros por la oposición y 8 miembros por el oficialismo).

El clima político pareció caldearse con la profundización de los conflictos con la prensa (ahora ya en cabeza directamente de los periodistas), las acusaciones cruzadas de venta de información privilegiada en el Ministerio de Economía y la denuncia en sede judicial del ex embajador argentino en Venezuela con respecto a recurrentes casos de corrupción en la particular relación comercial entre Argentina y el país caribeño. Con las elecciones presidenciales en el horizonte cercano, todo hace presumir que la situación política se tornará cada vez más compleja.

Ajena a los ruidos políticos la actividad económica consolida su recuperación, y aumentamos nuestra proyección de crecimiento del PBI en 2010 al intervalo 4,5%/5%. De la mano de la recuperación de la actividad la inflación ha vuelto a acelerarse, principalmente como consecuencia de las subas en los precios de los alimentos (también aumentamos la proyección de inflación a 27,5% dic-dic). La evolución de los primeros cuatro meses del año deja un piso muy elevado para lo que resta del año, lo que inevitablemente genera una ampliación de la brecha en la distribución de los ingresos: por un lado los asalariados formales (con ingresos que ajustan de la mano de las negociaciones salariales) y por otro los trabajadores informales y los beneficiarios de planes sociales que ven como el poder de compra de su ingreso se erosiona de la mano de la mayor inflación (en especial en alimentos).

Como hemos mencionado reiteradamente, la inflación es la consecuencia natural de la configuración de políticas macro fuertemente expansivas que buscan priorizar el crecimiento de la economía a corto plazo al costo de permitir una mayor inflación. Con la doble determinación que pasa a tener la política monetaria (a la histórica cambiaria se le agrega la fiscal, con un BCRA que financia al Tesoro a través de la emisión) y una política de ingresos que convalida incrementos (piso) del 25% nominal para los sectores formales, todo el peso del “combate inflacionario” recae en la utilización del tipo de cambio nominal como ancla del sistema.

El problema es que esta política no está exenta de costos, ya que trae aparejada una inevitable erosión del colchón de competitividad. Así, el Gobierno se enfrenta a la disyuntiva de sostener la competitividad o ponerle un techo a la inflación. Históricamente, el kirchnerismo se ha mostrado muy prudente en términos del manejo cambiario. Para dilucidar si mantendrá este comportamiento a futuro, vale la pena analizar con más detalle cuál es la foto actual y las perspectivas futuras en términos de competitividad.

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