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El marco diseñado para el desmantelamiento de los controles, maximizaba la oferta de divisas en el corto plazo al demorar la demanda de las nuevas importaciones por 60 días y adelantar las liquidaciones pendientes del sector agropecuario. El éxito de la estrategia diseña resultó evidente: el tipo de cambio fue bastante menor al inicialmente previsto y el Central no debió enfrentar caída de reservas.

Envalentonado por esta situación, el Banco Central optó por implementar una baja acelerada en las tasas de interés de las LEBAC. Sin embargo, y como mencionamos oportunamente, esta reducción sólo iba a ser transitoria porque se sustentaba en la demanda postergada de importadores y la sobreabundancia de liquidez en el sistema financiero por razones puntuales. Cuando a partir de febrero se fue normalizando la demanda de divisas por importaciones, el tipo de cambio cobró dinamismo y obligó al BCRA a actuar. Después de algunas dudas iniciales, finalmente se decidió a intervenir activamente en el mercado y a convalidar una fuerte suba en las tasas de las LEBAC, que volvieron a ubicarse prácticamente en los mismos niveles que luego de la salida del cepo. Teniendo en cuenta que se están desarrollando las negociaciones paritarias y que en abril debería restablecerse la oferta de divisas a partir del inicio de la liquidación de la cosecha gruesa y del acuerdo mayoritario con los holdouts, la intervención del Central para calmar al dólar luce deseable.

Con un abultado déficit primario heredado cercano al 5% del PBI, que la coparticipación volviera a instalarse en la agenda iba a ser una muy mala noticia para el flamante gobierno. Pero una combinación de factores ajenos y errores propios volvieron a poner la discusión por los recursos en el centro de la escena. El presente informe analiza cuál es el impacto para el Tesoro Nacional, la ANSES y las provincias de la eventual derogación de la precoparticipación del 15% con destino ANSES, y qué herramientas tiene disponibles el Gobierno para morigerar el impacto fiscal asociado, sopesando también los costos políticos. Por último, ponemos el foco en la situación fiscal de las provincias y en qué medida la vulnerabilidad de algunas de ellas puede transformarse en la llave para que el Gobierno logre la aprobación en el Senado de la derogación de la Ley Cerrojo y La Ley de Pago Soberano, condiciones necesarias para terminar de resolver el conflicto con los holdouts.

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