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Todo el conflicto generado en torno a la creación del Fondo del Bicentenario y la remoción del Presidente del BCRA no hace más que ratificar cómo funciona el mecanismo de toma de decisiones en el Gobierno y su exigua voluntad para corregir el rumbo de sus medidas. En este caso, se agrava por la miopía en la percepción del nuevo tiempo político imperante a partir de la derrota de junio que recién se pudo plasmar en hechos concretos con el recambio legislativo de diciembre. Este nuevo escenario se verifica no sólo en un mayor poder de fuego del heterogéneo arco político opositor, sino en un Poder Judicial que empieza a dar crecientes signos de autonomía (más allá de la Corte Suprema).

Desde las áreas técnicas, en su concepción el Fondo del Bicentenario era un fondo de garantía tendiente a disipar cualquier duda con respecto a los vencimientos de la deuda en 2010, mejorando así las chances de éxito del canje a los hold-outs y el posible retorno a los mercados voluntarios de financiamiento. Sin embargo, una vez ingresado en el ámbito político, no tardó mucho tiempo en transformarse en una fuente de financiamiento adicional para sostener el abultado ritmo de crecimiento del gasto.

Más allá de la suerte final que corra el ya famoso Fondo, el Gobierno cuenta con variadas fuentes de financiamiento (excedente de liquidez de los bancos, FGS de la ANSES, un BCRA que vuelva a ser permisivo) como para cumplir con los vencimientos de este año y mantener la expansión del gasto público. Si bien a corto plazo no se avizoran mayores riesgos, tanto el nivel como el ritmo de crecimiento del gasto implican un serio debilitamiento de la posición fiscal en el mediano plazo, aumentando su vulnerabilidad y comprometiendo seriamente el margen de maniobra con que contará el próximo gobierno, especialmente por los conflictos latentes distributivos entre la Nación y las Provincias.

Todo el escándalo asociado al Fondo del Bicentenario y a la remoción del Presidente del BCRA tuvo fuertes repercusiones negativas en el exterior, contradiciendo el propio objetivo inicial. Así, en lugar de mejorar el precio de los títulos ofrecidos para el canje, los ha castigado. Por ello, hay algunas pujas para que la oferta deba ser mejorada a pesar de que, por el lado de los tenedores de bonos en default, existe un amplio incentivo a entrar al canje y efectivizar las ganancias asociadas a una propuesta ya más que generosa.

Pero para un Gobierno (o mejor dicho, para un Néstor Kirchner) que se resistió persistentemente a normalizar las relaciones con la comunidad financiera internacional y sólo aceptó (con disgusto) desandar los pasos previos ante la promesa cierta de la disponibilidad de fondos frescos, el nuevo contexto plantea un dilema político central: ¿cuál es la disponibilidad y las condiciones del financiamiento adicional que debería generar un canje a los hold-outs para que valga la pena enfrentar los cuestionamientos desde la oposición de centroizquierda? ¿Si la oposición impide la creación del Fondo, vale la pena ir por esa vía y estar permanentemente sujeto a la crítica por la política de endeudamiento proveniente de todo el espectro político? La posibilidad de esta línea de este razonamiento es la que única fuente de incertidumbre con respecto al canje por estos días.

Más allá del consejo de la comisión, el tema de Redrado ha devenido en abstracto con su renuncia. El Gobierno está ahora concentrado en terminar de ratificar el DNU del Fondo del Bicentenario en las sesiones ordinarias que comienzan en marzo y para ello está haciendo jugar a los gobernadores. Como venimos insistiendo desde hace bastante, éstos enfrentan situaciones fiscales en creciente deterioro, por lo que la holgura fiscal de la administración central es en su propio interés. Creemos que, dado que con la aprobación de una sola de las Cámaras le basta para lograr su objetivo, es muy probable que lo consiga mediante el Senado.

Ello podría terminar de zanjar la cuestión de fondo y también las dudas internas. Con esos recursos en la mano, no hará ninguna falta endeudarse si las condiciones no son apropiadas, por lo que sólo recurrirán a esa fuente de financiamiento en la medida en que la tasa sea vendible políticamente.

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