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El Gobierno decidió avanzar a fondo con la expropiación del 51% de Repsol-YPF. La medida se explica por razones estructurales y disparadores de corto plazo. Algunos meses atrás CFK se había cerciorado de la importancia del vasto yacimiento de Vaca Muerta y de la factibilidad de su explotación, a la vez que creció la desconfianza con respecto a los socios locales en YPF. Adicionalmente, la expropiación le permitió recuperar la iniciativa política después de la sucesión de traspiés que ha caracterizado su segundo mandato con una medida que cuenta con un amplio respaldo de la opinión pública. Y Repsol-YPF era el candidato perfecto en la construcción del relato oficial para culpar por la crisis del sector energético en los últimos años.

Lo cierto es que Repsol-YPF ha sido responsable sólo en parte (y en una parte muy acotada) del deterioro del sector hidrocarburífero en la Argentina. La producción de gas y petróleo viene cayendo sostenidamente en los últimos años, y la de YPF sólo se redujo algo por encima del promedio sectorial.

Más allá de la efervescencia actual generada por la expropiación, el Gobierno no debería sobreestimar el efecto que la misma tendrá a futuro sobre la situación del sector. Sin un cambio de fondo de la política energética los problemas persistirán. Y la magnitud que ha tomado la factura energética hace que la “caja” de YPF luzca más bien pequeña: tomados conjuntamente, todos los recursos asociados a la expropiación representan apenas el 6% de los subsidios anuales o 5 meses de las importaciones energéticas del 2012.

El rol de las provincias en la participación accionaria genera varias dudas. ¿Por qué sólo se incluyen aquellas con producción hidrocarburíferas –que ya se benefician con el cobro de regalías- y no el conjunto de las provincias? ¿Cómo harán las provincias para comprar la participación accionaria? ¿Deberán ceder regalías a la Nación? Este último es un tema muy sensible para las provincias, por el impacto fiscal que podría ocasionar en sus administraciones (y la mayor dependencia fiscal al Gobierno Nacional).

Las medidas económicas más relevantes implementadas por el Gobierno en el segundo mandato (cepo cambiario, cepo comercial, reforma de la Carta Orgánica, expropiación de YPF) son la contracara de la erosión de los colchones con que contaba la economía (competitividad, fiscal, energía, reservas). En el frente fiscal es donde más se pone en evidencia el deterioro: aun asumiendo un escenario de crecimiento muy moderado del gasto del 25%, el agujero a financiar en 2012 alcanza los $ 81 MM y será aportado íntegramente por el BCRA (vía emisión monetaria y reservas). El Gobierno no debería subestimar los riesgos que implica el “seguir como hasta ahora”: con una economía que da evidentes signos de desaceleración, el mayor gasto público difícilmente alcanzará para dinamizar la actividad económica en un entorno macro más apretado.

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