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En la lógica del Gobierno, los controles cambiarios implementados a finales del año pasado habían resultado exitosos: los pesos encerrados en el circuito formal permitieron una suba pronunciada de los depósitos privados en paralelo con una caída de la tasa de interés, las expectativas de depreciación se habían moderado con respecto a los niveles del año pasado, la dolarización de carteras se redujo sensiblemente y las trabas a las importaciones aseguraban un superávit comercial elevado. En este contexto de delicado equilibrio, a principios de mayo el Gobierno decidió, de forma un tanto inexplicable, endurecer todavía más el cepo a la demanda de dólares en el mercado formal.

Como era de esperar, la consecuencia inmediata del cierre del grifo a la compra de dólares fue un salto abrupto de la brecha cambiaria con el tipo de cambio informal. En un escenario externo que ya se presentaba complejo (rebrote de la tensión financiera en Europa, fortalecimiento del Dólar, menor crecimiento en China y Brasil, depreciación del Real) y con una economía doméstica en clara desaceleración, el ensanchamiento de la brecha genera todavía más incertidumbre y le pone un techo elevado a la inflación: sumado a las trabas generalizadas a las importaciones, diluye el efecto de contención sobre los precios domésticos de la apreciación cambiaria. Así, el Gobierno está enfrentando buena parte de los costos asociados a una devaluación pero sin ninguno de sus beneficios.

Las zozobras que están viviendo las economías desarrolladas resultan funcionales al Gobierno para cargar las culpas por el menor ritmo de la actividad doméstica y elaborar un relato de cara a la sociedad. Pero difícilmente pueda sostenerse si se profundizan los controles y se acentúa la desaceleración.

El margen de acción con que cuenta el Gobierno para revertir la situación actual es limitado. Dada la anarquía en materia de expectativas inflacionarias, una depreciación acelerada del tipo de cambio oficial (que el Gobierno siempre se esforzó en evitar) tendría impacto directo sobre la inflación. Un shock de confianza asociado a un anuncio creíble de implementar un plan integral de lucha contra la inflación, previo a una intervención de magnitud en el mercado cambiario, permitiría generar calma. Pero las declaraciones recientes de distintos voceros del Gobierno (ninguno del área económica) van precisamente en el sentido contrario: acotar el problema a los privilegiados que cuentan con capacidad de ahorro, forzar a la economía a funcionar en pesos y endurecer los controles.

Esto no implica un escenario de crisis, pero sí de estancamiento e inflación elevada, con impacto sobre el empleo y los indicadores sociales. Un combo difícil de afrontar para un Gobierno que ganó las elecciones prometiéndole a la sociedad una bonanza permanente.

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