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Los problemas que viene arrastrando la economía se hicieron presentes en el arranque del año. En materia cambiaria, el dólar informal tuvo un nuevo salto y amplió la brecha con el tipo de cambio oficial al 50%. Si bien existían factores coyunturales que permitían anticipar una nueva suba (aguinaldo, demanda por vacaciones), no dejó de llamar la atención la prescindencia del Gobierno en un tema tan sensible: esta dinámica no sólo eleva el piso de la expectativa del tipo de cambio informal sino que también pone más presión en el frente inflacionario, justo en momentos en los cuales se inician las negociaciones salariales.

Precisamente, la cuestión salarial es otro tema complejo en la agenda económica del 2013. Con un salario formal que cerró el 2012 creciendo prácticamente al mismo ritmo interanual que los precios domésticos, la aspiración del Gobierno de una pauta del 20% luce como una mera expresión de deseo. Especialmente en un escenario de creciente atomización del frente sindical y con una expectativa de mayor inflación en 2013. De hecho, con una dinámica fiscal y monetaria que seguirá siendo muy expansiva, promover una caída del salario real dejando inalterada el resto de la política económica traería complicaciones adicionales en materia de actividad económica y consumo privado. El objetivo debería pasar por alcanzar un incremento promedio realista que, ya modificado el mínimo no imponible de ganancias, permita al menos cerrar acuerdos salariales con un horizonte de un año.

Con respecto a la coyuntura política, se destacó el reclamo público de la provincia de Buenos Aires referido a la coparticipación. Más allá de la histórica postergación que sufren los bonaerenses en la distribución de los recursos nacionales, la elevación del tono de los reclamos parece ser el preanuncio de la creciente tensión fiscal y política que caracterizará la relación entre la Nación y la provincia de Buenos Aires en 2013.

En el contexto de una economía que no termina de arrancar y con las cruciales elecciones legislativas en el horizonte cercano, es esperable que el Gobierno ponga “toda la carne al asador” en materia fiscal para intentar dinamizar la actividad económica. De hecho, el aumento sostenido del gasto público ha sido un pilar central de la política económica del kirchnerismo: no sólo para maximizar la tasa de crecimiento de corto plazo del PBI, sino también para ocultar errores de gestión y disciplinar a gobernadores e intendentes a través de la obra pública nacional y las transferencias discrecionales.

Ahora bien, el efecto combinado de una economía que perdió su impulso natural y viene operando con creciente trabas, junto con una política fiscal que ha sido sistemáticamente muy expansiva (quitándole efectividad y volviéndola cada vez más dependiente del financiamiento vía emisión monetaria), hace que no sea suficiente con la herramienta fiscal para dinamizar la actividad y la creación de empleo en el sector privado: el impulso fiscal sólo podrá aportar 0,7 pp al crecimiento del PBI, que puede ampliarse a 1,3 pp en caso de que el Gobierno utilice todo el margen de financiamiento disponible. Naturalmente, esto no sería inocuo en materia inflacionaria y provocaría un deterioro de magnitud en la posición fiscal.

Como hemos mencionado en distintos informes, la sensación de bonanza económica que caracterizó al kirchnerismo hasta el 2011 ha quedado definitivamente en el pasado. Lo llamativo es que el Gobierno no parece haberse percatado todavía de ello, y sigue confiando en que, más allá del aporte coyuntural de la soja y Brasil, la economía va a volver a crecer por la sencilla razón de que así sucedió en el pasado.

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