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El cierre del 2011 mostró dificultades en muchas provincias para realizar en tiempo y forma el pago de los sueldos y aguinaldos de los empleados públicos provinciales, aun en un año en el cual la economía creció fuerte. Es esperable que la cuestión de la fragilidad de las cuentas fiscales provinciales sea un tema de discusión recurrente en el 2012.

Lo paradójico es que, visto desde una perspectiva macroeconómica, no se trata de un problema de magnitud: el monto del desequilibrio provincial estimado luce absolutamente manejable para el Gobierno Nacional. Sin embargo, la lógica de funcionamiento del kirchnerismo hará que este tema genere ruido permanente en la gestión micro de cada provincia. La situación no luce sencilla para los gobernadores. A las vulnerabilidades estructurales de las cuentas fiscales provinciales (alta incidencia de los salarios, alta dependencia de la inflación y de las transferencias discrecionales provenientes de la Nación), se suma un Gobierno Nacional que no previene los problemas ni les busca solución estructural sino que prefiere dosificar las herramientas de las que dispone a los fines de ejercer un mayor control político.

A ello se le suma hoy un inconveniente adicional. Más allá de los vaivenes en la relación Nación-Provincias, mientras estuvo vivo NK siempre existía una instancia política en la cual cada gobernador podía sentarse a negociar directamente y obtener una respuesta definitiva. La situación es distinta hoy. Pese a los incipientes problemas de caja, los gobernadores se han quedado sin interlocutores válidos dentro del Gobierno: pocos funcionarios atienden el teléfono y los que lo hacen no tienen poder decisorio. Por otra parte, el Gobierno ha venido dando señales evidentes de distanciamiento con antiguos aliados de peso, tanto políticos (Moyano y Scioli siendo dos casos emblemáticos) como empresarios. Esta errática manera de asignar premios y castigos, junto con la cerrazón oficial, genera aún más incertidumbre entre gobernadores e intendentes.

La situación es particularmente relevante en el caso de la provincia de Buenos Aires, máxime después de haber resignado espacios de poder dentro del PJ y aceptado mansamente las listas de legisladores impuestas por la Casa Rosada. Al ahogo financiero estructural de la provincia se le suma el cerrojo político establecido luego de las últimas elecciones por el Gobierno Nacional. La gran incógnita es cómo se resolverá este inevitable foco de conflicto de cara al futuro. ¿Podrá mantenerse el “empate” previo, en el cual un gobernador sin peso parlamentario pero con una elevada imagen pública aceptaba el disciplinamiento político a cambio del auxilio financiero? ¿O, distintamente, se alterará este delicado equilibrio una vez que empiece a aparecer en el horizonte la discusión por la sucesión presidencial?

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