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Mes de marzo. Las temperaturas estivales tuvieron un final abrupto, pero en un sureño año electoral, la termodinámica política va a contramano del termómetro y los elementos del amplio espectro político están comenzando a agitarse e irán tiñéndose de colores cada vez más cálidos. No hay sorpresa: elecciones de senadores y diputados hacen que la relación entre Nación y Provincias sea más intensa y colorida. Pero, además, existirá una dependencia que es independiente del contexto electoral porque (ya adelantamos en el informe anterior) su resultado no modificará el juego de pesos y contrapesos. Esta dependencia ya es costumbre y orbitará alrededor de un objetivo: lograr consensos sobre leyes consideradas clave o, principalmente, evitar el avance de proyectos sensibles que luego obliguen al gobierno nacional a pagar el costo político de vetarlos.

Aun cuando este año contará con un número escaso de leyes relevantes en la mira, hay dos aspectos importantes que regirán dicha relación. En primer lugar, el gobierno nacional se impuso, para su ejercicio de administración pública este año, un déficit primario de 4,2% del PIB. Teniendo en consideración el programado traspaso de recursos coparticipables de la ANSES a las provincias, el efecto rezagado de la movilidad jubilatoria (aumentos de jubilaciones y planes serán sensiblemente más altos que los aumentos de precios y recaudación), y las dilaciones en el recorte de subsidios, esta meta luce ambiciosa. Esto significa que los márgenes para transferencias discrecionales a las provincias serán mucho más acotados. La Nación se encontrará negociando con el bolsillo roto.

En segundo lugar, la situación fiscal de la totalidad de las provincias (junto con la CABA) mejoró notablemente en el último año. Al efecto del Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo (AFF), con la devolución (en un pago o en cuotas, según el caso) del 15% de la coparticipación que era destinada a la ANSES, debe sumarse la creciente recaudación impositiva provincial mediante impuestos realmente distorsivos, como Ingresos Brutos.

Escasez nacional y holgura provincial generan una matriz de negociación más compleja que en años anteriores, y se harán hábito en los próximos años. Es cierto que los mayores ingresos recibidos por los tesoros provinciales no tienen por qué implicar ausencia de necesidades: en algunas provincias, el aumento de los ingresos fiscales se correspondió a un elevado aumento del gasto, especialmente corriente, el cual las llevó a terreno negativo. Por ello mismo, construimos un índice de vulnerabilidad fiscal para las 24 jurisdicciones del que surge que, de las 8 provincias más comprometidas fiscalmente, sólo una responde al oficialismo (Jujuy). Pero este potencial aumento en el poder de negociación de la Nación se desluce por el hecho de que podría sumar voluntades de sólo 10 diputados y 8 senadores. Lo que se dice poca voluntad.

En ese marco, cierto disciplinamiento político para conseguir leyes clave sólo podría darse a través de la amenaza de un ajuste relativo mayor de los giros discrecionales, cierta intimidación por una eventual derogación del decreto que creó el Fondo Federal Solidario, o apelando a la limitación del endeudamiento de las provincias, negándoles la autorización requerida para la colocación de títulos provinciales a los bancos locales y para la garantía de coparticipación. La continuidad del reciente auxilio de las cajas previsionales provinciales todavía existentes por parte de la ANSES podría emerger como un factor adicional. Aun con todo esto, es probable las iniciativas legislativas de mayor relieve por parte del oficialismo se vean inhibidas frente al augurio de una derrota en las cámaras como consecuencia de la escasa demanda provincial y la menor oferta nacional de recursos.

Al día de hoy, los ministros de hacienda nacional y provinciales ya se reunieron en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Allí se discutieron las bases para articular un nuevo compromiso fiscal de Nación y Provincias, luego de la suspensión del rígido compromiso anterior cuando los déficits aumentaron naturalmente con la recesión de 2008/2009. El desmedido aumento del gasto corriente en los últimos años ubica a este acuerdo en el lugar de lo indispensable. Pero habida cuenta de que los elementos coercitivos se encuentran entumecidos, estaremos ansiosos para ver si la sola invocación a la salud macroeconómica, a la eficiencia productiva y a la competitividad serán suficientes para lograr un acuerdo satisfactorio o si, por el contrario, las especulaciones políticas terminan embarrando la cancha.

Ese es, precisamente, el último punto de nuestro análisis; tal vez el más relevante. Más allá de las necesidades de fondos de las provincias, las correcciones estructurales que demanda una visión de largo plazo dependen de un triunfo contundente del oficialismo que “blinde” la gestión de Cambiemos por los próximos dos años (algo que parece poco probable) o bien, de un magro resultado que despierte el oportunismo de la oposición exigiendo esas correcciones ante la posibilidad más cierta de gobernar en el próximo mandato. Cualquier escenario intermedio podría exacerbar elementos especulativos y postergaría puntos de contacto y un marco de consenso propicio para abordar una agenda de políticas públicas que permitan resolver aspectos estructurales que inhiben el crecimiento. En esa posible dilatación, las idas y vueltas económicas continuarán a la orden del día y difícilmente los niveles de conflictividad actual se moderen.

El año 2017 será testigo entonces de la posibilidad de que la puja electoral no termine inhibiendo acciones y propuestas sensatas de todo el espectro político orientadas a los complejos desafíos que tiene por delante nuestra nación. Evidentemente, el autocontrol frente a especulaciones exacerbadas no ha sido, como sociedad, la mayor de nuestras virtudes, y el desenfreno pulsional devino en síntoma más de una vez; pero los beneficios de una respuesta diferente serán elevados.

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