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La saga del Fondo del Bicentenario parece no tener fin. La semana pasada, y ante la segura derrota en la Cámara de Senadores, el Gobierno dependió de la ausencia de Carlos Menem para impedir el tratamiento del DNU al retirar los senadores y dejar sin quórum. Más allá de cierta ingenuidad de la oposición al no atar la renovación de la presidencia provisional del Senado de José Pampuro al tratamiento del mentado DNU 2010/09, la “picardía” oficialista inicialmente parecía tener como objetivo ganar una semana más para conseguir el cambio de voluntad de algún senador (de máxima) o negociar con la oposición algún proyecto de ley (de mínima).
Nada de ello sucedió. Como hemos mencionado reiteradamente en informes anteriores, el Gobierno está desesperado por obtener recursos adicionales, no para cumplir el Presupuesto sino para poder sostener el afiebrado ritmo de crecimiento del gasto discrecional. En tiempos de marcada anemia política, este es un aspecto clave para intentar encolumnar voluntades de gobernadores e intendentes, evitando así una diáspora masiva.
Ante la perspectiva que en el proceso de negociación del proyecto de ley se incluyera alguna “pseudo-coparticipación” de las reservas, el Gobierno decidió jugar a todo o nada: en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso –paradójicamente-, anunció la firma de dos nuevos decretos (un DNU y un decreto simple) que no son más que una vía alternativa para hacerse con los US$ 6.569 de las reservas (además de derogar el DNU 2010/09 de creación del FdB). El detallado plan para evitar posibles trabas judiciales (anuncio de CFK y apertura de cuenta por parte del Tesoro de forma prácticamente simultánea) y la premura por efectivizarlo es una muestra cabal de la desesperación oficial.
¿Fortalece o debilita al Gobierno haber obtenido las reservas con este cuestionable proceder? Claramente, la posición del Gobierno se debilita fuertemente. En primer lugar, porque dinamita todos los puentes políticos, no sólo con la oposición sino con el propio oficialismo. Semejante picardía y destrato al Congreso, no hará más que amalgamar al variado arco opositor, promoviendo probablemente un reposicionamiento de aquellos referentes opositores con posiciones más duras.
Pero aún más grave es el ruido que genera hacia el interior del oficialismo: en momentos en los cuales el Gobierno había habilitado a sus referentes legislativos a negociar un proyecto de ley con la oposición, se decidió patear el tablero con un nuevo DNU que resulta indefendible políticamente y lleva la relación con la oposición al nivel máximo de tensión (precisamente cuando el Gobierno ha perdido la mayoría en ambas cámaras del Congreso y varios legisladores oficialistas están a la espera del momento adecuado para pegar el portazo). De hecho, ya existe consenso en ambas cámaras para avanzar en la coparticipación íntegra del impuesto al cheque (que implica $ 9.000 M que pasarían de la Nación a las Provincias), lo que sería un duro golpe a la estrategia del Gobierno y que probablemente lo obligue a aplicar el veto presidencial. Y por último, de cara a la sociedad se consolida la imagen del “todo vale” para obtener los recursos, lo que dañará aún más la consideración de la opinión pública con respecto al Gobierno.
Mientras tanto, en los últimos meses la aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios domésticos agrega otro foco de desgaste del Gobierno con la sociedad. Si bien se trata de un problema multicausal que requiere un abordaje gradual e integral, lo cierto es que toda política antiinflacionaria para ser exitosa requiere como condición necesaria que el Gobierno haga explícito su compromiso en este sentido. No es el caso en nuestro país: la respuesta del Gobierno ha sido ocultarla y minimizarla. De hecho, ni siquiera se mencionó la palabra “inflación” en el extenso discurso de ayer. Teniendo en cuenta los riesgos que esto implica con la triste historia en materia inflacionaria de nuestro país, analizamos los orígenes del proceso inflacionario actual y las perspectivas para lo que resta del 2010.