Informe Mensual Nº 105: "Reformismo Explicado para Todos"

¿Quién gana y quién pierde con esta primera tanda de reformas? ¿Son sustanciales o tibias? Desde ya, las variables involucradas son diversas y de magnitud, con lo cual la estantería realmente se ha movido. También es cierto que el ímpetu y la euforia inicial se aplacaron un poco; ahora la reforma laboral parece requerir del aval previo de la CGT, algunos nuevos impuestos internos serán introducidos gradualmente, y la reforma previsional tendrá un efecto acotado, más aún luego de cambios políticamente aceptados. Pareciera que en esta etapa de reformismo permanente, la esperanza hoy está más en el adjetivo que en el impacto de este primer paquete de reformas.

A pesar de eso, los cambios propuestos parecen ir en la dirección correcta, apuntando a reducir impuestos, relajar algunos cuellos de botella, emprolijar un poco la maraña de transferencias cruzadas entre Nación y Provincias, y reducir la litigiosidad cruzada entre esos actores. Sin embargo, la mayor parte del costo del Estado y un diagnóstico más preciso de por dónde surge ese costo seguirán en el estante hasta que se haga un nuevo pedido.

Al final del recorrido gradual, la presión tributaria nacional habrá descendido sólo un 1,5% del PBI. El impacto en los estados de resultados de un conjunto de empresas, entre menores contribuciones patronales, menor impuesto a las ganancias o mayor celeridad en la devolución del crédito fiscal, no será, de todos modos, despreciable. Otro 1,3% del PBI se ahorrarán por menores Ingresos Brutos (IIBB). Sería deseable que termine beneficiando a los sectores exportadores si se pretende apuntalar el crecimiento económico con una mayor inserción internacional y saldos comerciales positivos. Pero, ¿alcanzará este paquete de medidas para compensar un atraso cambiario del orden del 30%? Con tanto empeño en lo estructural, ¿no se estará descuidando lo coyuntural? En general se asume que las “devaluaciones fiscales”, por su magnitud limitada a restricciones políticas, no resultan muy eficaces, o al menos, no resultan suficientes.

El conjunto de las propuestas sin dudas tiene un efecto redistributivo. La provincia de Buenos Aires ganará por la eliminación del Fondo del Conurbano Bonaerense  y por la transferencia adicional, por parte del Tesoro, de $42.800 M en 2018 y otros $ 21.300 M adicionales en 2019, en una recomposición presupuestaria largamente postergada dado que soportaba una injusta discriminación. Pero estos recursos ganados no podrán ser utilizados a piacere por los funcionarios de la provincia; se dispuso que deberán financiar, casi en su totalidad, la reducción de alícuotas de los Ingresos Brutos locales. Quienes ganarán, consecuentemente, serán el sector productivo y la competitividad. El resto de las provincias saldrán hechas después de ser compensadas por la Nación para que acepten algunas reformas del paquete. En los años siguientes, perderán por la reducción de IIBB y deberán ajustar el gasto corriente, especialmente las que reciben poca COPA (aunque algunas resultarán ganadoras a partir de recibir más por Ganancias que por lo que dejan de recaudar por IIBB). Particularmente fuerte será el impacto en CABA, que tenía presupuestado para el 2018 un incremento real de IIBB de 4%.

La Nación, en conjunto con la ANSES, también se verá inafectada el año que viene. Dicho así, la cuenta no cierra: adicionalmente, los jubilados perderán respecto a lo que hubiesen tenido con la movilidad actual, y habrá una redistribución directa desde el sector familias de mayor poder adquisitivo (fundamentalmente a través de gravar la renta financiera) hacia el sector empresas (por la reducción de contribuciones patronales). Por supuesto, dependiendo de las sucesivas reacciones (“elasticidades”), el impacto podría virar al costo de endeudamiento público y privado, y el beneficio contributivo, al salario neto.

La cuenta final la decimos en pocas palabras: el ahorro previsional y la renta financiera de las personas de los deciles más altos financiarían a la mayor competitividad productiva.

El bono demográfico previsional se irá amortizando (tendremos cada vez más población inactiva -jubilados y chicos- y menos población activa) y las cuentas previsionales declinarán todavía más, con lo que los cambios en jubilaciones emergen como inevitables. Con la nueva fórmula de movilidad, es falso decir que las jubilaciones se estancarán en el futuro. Se mantendrán en términos reales sólo desde el momento en que se actualizan desde un haber inicial; pero los haberes iniciales del futuro evolucionarán acompañando la variación de los salarios. El haber inicial resulta de un porcentaje fijo de 1,5% por la cantidad de años de aporte, mientras que la jubilación mínima tendrá el piso de la evolución del salario mínimo vital y móvil. Así y todo, la nueva fórmula implicará efectivamente un ahorro fiscal de 0,3% del PBI en 2018, y de 0,8% del PBI en el 2022, prueba suficiente de que las jubilaciones serán menores que lo que hubieran sido con la fórmula actual. En contraposición, el blanqueo laboral, de aprobarse, significará jubilaciones mínimas en lugar de la asignación del 80%, con aportes menos que proporcionales.

Nosotros hemos señalado insistentemente que el gasto público debe priorizarse. En esa priorización, para intentar torcer un futuro de sociedad dual que ya empieza a ser tangible hoy, hemos puesto el acento en los chicos y adolescentes (ideas y presupuesto no sólo en las aulas sino especialmente en el acompañamiento fuera de las instituciones académicas), y en la infraestructura. La pobreza en las edades de 0 a 14 años es de 42,6%; la de mayores a 65 años es de 6,2%. No hay nada de esto en esta primera etapa de reformas.

Otro punto importante: el conjunto de las reformas no reducirá el déficit fiscal nacional. Habiendo gastado la bala previsional, que financió a la provincia de Buenos Aires para que esta pueda bajar impuestos a la producción, el Tesoro deberá cumplir la meta de 3,2% del PBI del 2018 y del 2,2% del 2019 con retiro de subsidios, menor obra pública, menores transferencias a provincias y mayor eficientización. No será fácil. Además, las metas fiscales elegidas efectivamente sirven para estabilizar el nivel de la deuda pública, pero siempre y cuando el tipo de cambio real permanezca atrasado. Con deuda dolarizada, una depreciación real requerirá acelerar el ahorro público. Evidentemente, el Gobierno deberá destinar algo de su tiempo a la coordinación macroeconómica.

Por último, consideramos que este paquete de reformas, aun con una significativa transferencia de recursos, debe ser considerado sólo un punto de partida hacia el armado de un diagnóstico integral sobre el costo del Estado (los Estados), con experiencias internacionales como marco de referencia.