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Otra vez el país se encuentra bajo emergencia, pero en esta oportunidad no es sólo económica sino de todo tipo. Esto da cuenta de los desequilibrios e inequidades que Argentina viene acumulando desde hace más de 2 o 3 mandatos presidenciales. El estado de gravedad derivó en un impuestazo disfrazado de ley de solidaridad, que elevó en torno a 2 pp del PBI la presión tributaria. El esfuerzo que se le pide al sector privado está en línea con la situación de fragilidad que presentan las cuentas fiscales. Pero vale decir que se suma a otros innumerables pedidos de esfuerzo al sector privado que no llegaron a buen puerto; de hecho, los problemas estructurales que hoy enfrenta la economía argentina son los mismos desde hace 50 años.

La discrecionalidad que adquiere el Poder Ejecutivo gracias a la ley de emergencia es muy grande, no sólo en facultades, sino en recursos: $600.000 M. La orientación del plan de emergencia está dirigida a darle la facultad al Ejecutivo de ajustar o soltar la válvula de las jubilaciones en medio de las negociaciones con acreedores.

Quedan dudas acerca de la efectividad del plan para lograr una reactivación. Lo que parece, más bien, es que se buscan dos objetivos bien claros. El primero es mostrar discrecionalidad del gasto para reflejar que el mismo agente que negocia la deuda, maneja el déficit fiscal y por lo tanto la capacidad de pago. El segundo es cortar la inercia inflacionaria. Esto último, si bien es necesario desde el punto de vista macroeconómico, elimina la posibilidad de que las jubilaciones que ya devengaron un aumento del 25% tengan recomposición asegurada por sobre la inflación.

En cuanto a la reactivación de la economía, en todo caso será producto de una serie de distorsiones que se generan gracias a la implementación de nuevas medidas. El cepo y el impuesto País generarán incentivos en algunos sectores (construcción, turismo, etc.). Las tasas de interés pasivas negativas generarán menor demanda por activos financieros y más activos reales. Si bien la tasa de interés de política monetaria se ubicará por encima de la inflación, la que recibe el ahorrista pierde contra la suba de precios fomentando el consumo, pero destruyendo el ahorro.

El programa integral que prometió enviar el Ministro M. Guzmán dista mucho de ser la ley de emergencia. Queda por resolver qué política cambiaria y monetaria adoptará la Argentina, cuál es el sendero del gasto, déficit y crecimiento buscado para hacer sostenible la deuda pública, cuál será el alcance del prometido Acuerdo Social y fundamentalmente falta saber qué va a suceder luego de los 180 días donde se congelaron tarifas y se suspendió la ley de movilidad jubilatoria.

El lastre para el sector privado puede ser grande y la sociedad podría no estar dispuesta a convalidarlo. Más aún si Argentina logra retrasar pagos de vencimientos de capital e intereses durante 2 o 3 años y durante ese período debe mostrar una extrema prudencia fiscal para recuperar acceso a los mercados de créditos sin que la economía termine de abandonar su estancamiento secular.

La solidaridad es el apoyo voluntario incondicional a alguna causa. El filósofo y escritor E. Hubbard decía que los hombres son ricos sólo en la medida de lo que dan. Como sea, en todo caso la solidaridad es voluntaria, no funciona en forma compulsiva. El sector privado sin ver gestos de la clase dirigente difícilmente esté dispuesto a seguir financiando el gasto con solidaridad si no mejora su bienestar. Menos aún después de recibir promesas de cambio de rumbo durante la reciente campaña.

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