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Sin dudas la Provincia de Buenos Aires fue perjudicada por mucho tiempo. Este argumento no se pone en dudas. Sin embargo, a la hora de saldar esa deuda, tanto el contenido como la forma      importan. Si bien el sistema de distribución de los recursos siempre funcionó con remiendos, en este caso, la forma de compensar a la Provincia implica una degradación institucional.  

Por primera vez desde la sanción de la Ley de 1988 se realiza de manera unilateral e inconsulta la quita de fondos de una jurisdicción para dársela a otra. El criterio de un Presidente que decide que una jurisdicción es opulenta para darle recursos a otra debería generar el repudio de las 22 jurisdicciones no intervinientes, al menos por la arbitrariedad que esta decisión demuestra. En el extremo, esta actitud podría institucionalizar una nueva forma de remendar el sistema de reparto, que hasta ahora había sido a través de pactos, acuerdos y consensos. 

Está claro que el esquema de incentivos no ayuda. Los representantes en ambas cámaras votan por disciplina partidaria y (a veces) por sus provincias, de donde obtuvieron sus votos y son representantes. Sin embargo, tanto la disciplina partidaria como el temor a rebelarse impiden que se avance con atropellos de este estilo. Parecería existir cierta miopía política, que implica ignorar que, de mantenerse las distorsiones, un nuevo cambio en el signo político, podría hacer que los beneficiados de hoy sean los perjudicados de mañana y viceversa.  

El foco de la discusión debería haber girado en “Centralismo vs Federalismo”.  La base del federalismo en Argentina no tiene criterios de eficiencia, ni devolutivos, sino de solidaridad en el sentido de poder brindar el mismo nivel de vida independientemente de dónde nazca o viva una persona. Los vaivenes en las asignaciones de recursos entre Nación y provincias atentan contra esa igualdad y la ponen en jaque, sobre todo cuando que se realiza una quita a alguna provincia a favor del Ejecutivo Nacional o de otra en particular.  

Durante los años de gestión de N. Kirchner y C. Fernández se exageró el centralismo aumentando el margen de discrecionalidad de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Cambiemos intentó corregir esta dinámica, en un principio por imposición externa, y luego como prenda de negociación con las provincias. Al final del día, fue algo que no pudo capitalizar y no estuvo ajeno a la crítica de haber beneficiado relativamente más a las jurisdicciones ‘amigas’ como la PBA y la CABA. Ahora, la gestión del Frente de todos, vuelve a avanzar hacia un esquema más centralista a partir de la creación de nuevos impuestos (PAIS y a las grandes fortunas) sobre los cuales las provincias no tendrán participación en su recaudación. La metáfora del péndulo también aplica en este caso. 

A su vez, y en un contexto que puede parecer atendible, dadas las necesidades fiscales en medio de la pandemia y la imposibilidad de recurrir a los mercados, este año el Gobierno Nacional hará uso y abuso del impuesto inflacionario para cubrir su brecha fiscal. En 9 meses el BCRA emitió $ 1,7 Bn que, de haberse coparticipado con las provincias habría significado un ingreso por $ 1 Bn para estas.

Desde el punto de vista político puede resultar atractivo que los gobernadores tengan que ir a rogar por recursos a la Nación. Muestras de abuso en este sentido hay de sobras en el pasado. Se puede disciplinar mejor dentro y fuera del partido, pero institucionalmente es una cuestión de gravedad importante. Parte del híper presidencialismo surge de esta capacidad de administrar a piacere los recursos tributarios.  

Poco de federal tiene ese sistema que acumula una deuda con su propia Constitución respecto a la distribución de recursos que data de 25 años. Sin embargo, podría decirse que la deuda la tiene el presidente con la propia Constitución. Como dijo A. Fernández, el 10 de diciembre, que Dios y la Patria le demanden la observación del cumplimiento de la Constitución Nacional.

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