La compleja tarea de “administrar” el default

El efecto combinado del temor del Gobierno a la activación de la cláusula RUFO, la percepción de que Griesa estaba en una situación incómoda y la incapacidad para explorar una solución alternativa hizo que la Argentina entrara nuevamente en default. Más allá de que se trata de una cesación de pagos un tanto extraña (ya que el país giró los fondos pero fueron inmovilizados por una orden judicial), el prospecto de los títulos no deja dudas al respecto.

La única posibilidad de arreglo era que un “tercero interesado” (por ejemplo un consorcio de bancos locales) llegara a un acuerdo con los holdouts, para negociar con el Gobierno a partir de enero de 2015 sin la amenaza de un default inminente. Pese a que se trataba de la alternativa más aséptica en términos legales y que permitía solucionar varios frentes de forma simultánea, el Gobierno decidió abortarla unilateralmente en las vísperas del default.

Mientras se prolongue el escenario de default, se incrementará el riesgo de que un grupo de acreedores solicite la aceleración de todo el flujo futuro de pagos (para el cual requieren reunir el 25% del monto de una serie), lo que pondría al país al borde de una nueva reestructuración de la deuda. Por su parte, Griesa no toma mayores definiciones: mantiene inmovilizados los pagos correspondientes al bono Discount legislación extranjera (aunque no los embarga), y sigue instando a las partes a negociar. Por el momento, la única posibilidad a la vista es que un grupo de bancos extranjeros y empresas privadas compren la sentencia.

Luego del default y las reacciones destempladas, la sensación es que la RUFO era la excusa del Gobierno para no negociar en 2014, y que la voluntad política de pagar no va mucho más allá de las condiciones ofrecidas en el canje de 2005 y 2010: esto le permitiría al Gobierno mantener la intransigencia contra los holdouts que tantos dividendos políticos le reporta en el plano doméstico, aunque al costo de un default que, lejos de solucionarse apenas empezado el 2015, podría prolongarse al menos hasta la transición presidencial.

El default dinamita la principal apuesta económica del Gobierno: acceder al financiamiento externo para conseguir dólares y tratar de dinamizar la actividad económica. En caso de que el default se mantenga en el tiempo, lo que cabe esperar es la profundización de los problemas que la economía argentina ya venía arrastrando: recesión, alta inflación, incertidumbre cambiaria, escasez de reservas, cepo cambiario, problemas en el mercado laboral y parálisis de la inversión. Así, la transición hacia diciembre de 2015 será menos tranquila de lo que se estimaba a partir de las señales de normalización financiera que había venido dando el Gobierno. La incógnita es si el agravamiento de los problemas de la macro será motivo suficiente para que el Gobierno busque una solución negociada apenas iniciado el 2015.