M
Después de la derrota electoral de junio, el Gobierno ha recuperado el centro del ring y logró imponer la agenda de discusión política. En lugar de propender a un mayor nivel de apertura y consenso (con la oposición pero también con los propios aliados), decidió redoblar la apuesta y exprimir al máximo la mayoría parlamentaria con fecha próxima de vencimiento. Así, logró la sanción de una nueva ley de medios y está próximo a sancionar la ley de reforma política, a la vez que consiguió la aprobación de leyes claves en materia económica (prórroga de impuestos, Presupuesto, Emergencia Económica, suspensión de la ley cerrojo, modificación del régimen de monotributo) que le garantizan la gobernabilidad en los dos últimos años de mandato presidencial. Asimismo, al congelar la discusión por la distribución de los recursos y condenar a la asfixia fiscal a las provincias, se aseguró mantener el mecanismo de disciplinamiento político de los gobernadores.
En el mientras tanto, la oposición sigue envuelta en sus dudas y en la lucha de egos personales con miras a la presidencial de 2011, lo que le ha impedido transformar en hechos concretos la victoria en la elección de medio término de junio. Sólo el atropello del kirchnerismo en la discusión parlamentaria de leyes claves ha permitido generar un núcleo mínimo de consensos en la oposición tendiente a disputarle al oficialismo la mayoría en las comisiones parlamentarias claves.
Mientras la actividad económica da algunas señales de reanimación y se espera que, recuperación de la economía mundial mediante, en 2010 se recupere lo perdido el año previo, el gobierno ha decidido profundizar su disputa con los medios (gráficos, en este caso) con el avance del Secretario de Comercio Interior sobre Papel Prensa. Sin preocuparse un ápice por las formas (resultó demasiado obvia la secuencia del desplazamiento del titular de la CNV y del Síndico General de la Nación por funcionarios afines), no dejó de llamar la atención el involucramiento directo del Ministro de Economía en esta disputa tendiente a acorralar a la empresa. Este nuevo atropello institucional no hace más que profundizar el deterioro de la imagen presidencial en la opinión pública, que, según lo confirmaron recientemente distintas encuestas, mantiene una tendencia declinante.
De cara al 2010, el Gobierno parece enfrascado en conseguir financiamiento para sostener el afiebrado ritmo de crecimiento del gasto público, ya sea en los mercados voluntarios de crédito o bien de forma cuasi-compulsiva en el sistema bancario doméstico. Desde finales de 2006 se ha vaticinado (erróneamente) que el Gobierno iniciaba un proceso de mayor moderación fiscal (al menos, con una disminución del ritmo de crecimiento del gasto). Cuando hacia finales de 2008 la recesión doméstica y la caída de los precios internacionales enflaquecieron la Caja, el Gobierno demostró que no tuvo reparos en apelar a fuentes cada vez menos “convencionales” con tal de sostener el ritmo de crecimiento del gasto. Primero se apropió de los stocks acumulados en el pasado (reforma previsional 2007, depósitos Banco de la Nación, estatización del fondo acumulado de las AFJPs), luego de los flujos actuales (aportes AFJPs, emisión monetaria por cuasifiscal “virtual” BCRA y reforma Carta Orgánica); y ahora parece encaminado a descontar los flujos futuros apelando al endeudamiento.
Dado este escenario (la utilización de los fondos recibidos por la capitalización del FMI es la última evidencia en este sentido), vale la pena analizar más detalladamente cuál ha sido la evolución reciente del gasto público en la Argentina, cuál es la vulnerabilidad fiscal que enfrenta la economía en el mediano plazo y cuál es la magnitud de la herencia fiscal que deberá enfrentar el próximo gobierno presidencial. Máxime si se tiene en cuenta la inevitable puja por la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, que el kirchnerismo ha logrado mantener congelada y que ha utilizado como su principal herramienta de disciplinamiento político de los gobernadores (tanto aliados como opositores).